Por Waldo Cebrero*

En octubre de 2015, la oficina de Derechos Humanos del Banco Central de la República Argentina entregó al Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba documentos secretos vinculados al traspaso de activos de la empresa constructora MacKentor. El secuestro y los tormentos sufridos por sus directivos y la desaparición de cuatro de sus abogados, conforman uno de los 21 expedientes de la megacausa La Perla, que tendrá sentencia este año.

Mackentor tenía más de 400 empleados y desarrolló obras por 50 millones de dólares entre 1970 y 1975. Su presidente, Natalio Kejner, abogaba por una burguesía nacional y enfrentaba a la Cámara Argentina de la Construcción. En abril de 1977, MacKentor debía afrontar la construcción del Acueducto Villa María-San Francisco (obra de 8 millones de dorales) pero todo se vio interrumpido cuando Luciano Benjamín Menéndez acusó a sus directivos de financiar a la organización Montoneros. El 25 de abril, tras ordenar la intervención militar de la empresa, Menéndez desplegó un operativo en cuatro provincias y secuestró a 27 personas entre empleados, accionistas y abogados de la firma. Varios permanecieron en La Perla y Campo de la Ribera hasta 1981. Cuatro de ellos aún están desaparecidos. Kejner se exilió en Venezuela.

El trabajo sucio lo completó la Justicia: el 27 de abril, el juez federal Zambino Ledesma ordenó la intervención judicial de la empresa. Luego el Banco Central ordenó la indisponibilidad de todos los fondos. Parte de las acciones y la principal obra de la compañía, el Acueducto Villa María-San Francisco, pasó a manos de su competidor: la empresa Supercemento, una firma que sigue activa con obras de magnitud, como el emprendimiento inmobiliario Norldelta.

En 1984, el Estado devolvió lo que quedaba de Mackentor a sus dueños. No pudieron comprobar el vínculo con Montoneros. “La intervención de Mackentor no tenía motivos ideológicos si no económicos. Menéndez buscaba favorecer a empresarios amigos”, señala el querellante de la causa, Carlos Vega. Los 12 imputados en este caso son ex militares y están acusados de secuestro, tormentos y desaparición de personas. No hay responsables civiles rindiendo cuentas a la justicia. En su alegato, Vega solicitó al TOF1 que declare la nulidad de los actos de traspaso de activos y ordene investigar la pista económica del vaciamiento. Si eso pasa, Supercemento quedará en la mira judicial.

Existieron dos etapas sucesivas en la alianza entre grupos económicos y el gobierno de facto, según el informe “La trayectoria de la cuestión civil en el proceso de justicia argentina”, publicado por el Cels en su informe anual 2015. La primera, caracterizada por la instigación y colaboración de directores y gerentes en el secuestro de trabajadores vinculados con alguna actividad gremial o sindical. La segunda tuvo como objetivo el uso del aparato estatal, incluido el represivo, para realizar operaciones económicas que beneficiaron a un sector del capital en perjuicio de otro.

MacKentor encaja en la segunda, que comenzó en los primeros meses de 1977, con otros casos resonantes, como el despojo de Papel Prensa a la familia Gravier y la intervención de Aluar. MacKentor es la única causa judicial por el vaciamiento de una empresa que se tramita en Córdoba. Y, por el momento, la única del país que está en etapa de juicio oral, con sus beneficiaros identificados.

La prueba documental que entregó la Oficina de Derechos Humanos del Banco Central forma parte de un proceso de apertura de las instituciones, para conocer la verdad sobre la responsabilidad civil. Además de los archivos de la causa MacKentor, la oficina aportó correspondencia y actas secretas, legajos, y versiones taquigráficas de las reuniones de directorio en las causas que investigan el rol de Acindar en la desaparición de obreros, la liquidación del Banco de Hurlingham, la causa Papel Prensa, el caso Iacarino e información sobre la deuda externa.

Como una muestra del cambio de época, el 11 de enero de este año, todos los empleados de esa dependencia, cuyo objetivo era colaborar con la justicia, fueron despedidos por la actual gestión y el área de Derechos Humanos del BC, virtualmente, desapareció.

25 empresas investigadas

La participación de empresarios en delitos de lesa humanidad comenzó a ser investigada por la CONADEP y en el Juicio a las Juntas, en los primeros años del retorno democrático. Desde que, en 2006, se reanudaron los juicios, cientos de policías y militares fueron juzgados y muchos condenados. A diferencia de ellos, empresarios, inversionistas, banqueros, abogados, escribanos, jueces –eslabones claves del despojo forzado de empresas– viven sin rendir cuentas a la Justicia.

De acuerdo con la información suministrada por el Cels, en diciembre de 2013, había 17 empresarios imputados por causas de lesa humanidad, que representaban el 5 por ciento de civiles involucrados judicialmente en violaciones a los derechos humanos.

El informe titulado “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación relevó 25 empresas investigadas judicialmente (en diferentes etapas) por la persecución de sus trabajadores, hasta noviembre de 2015. Sus titulares son sospechados por perseguir a “casi 900 trabajadores que resultaron víctimas del terrorismo de Estado: 354 están desaparecidas, 65 fueron asesinadas y más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas”. Entre las empresas investigadas, se encuentran La Veloz del Norte, ingenios Ledesma, Swift, Ford, Mercedes-Benz, y Loma Negra.

Aunque la responsabilidad empresaria comenzó a ser investigada hace 33 años, recién en agosto pasado un empresario fue sentado en el banquillo de acusados del Tribunal Oral Federal N°1 de Salta. Se trata de Marcos Levín, ex dueño de la transportista La Veloz del Norte, acusado por el secuestro varios empleados y la desaparición de un trabajador y dirigente sindical. A sus 77 Levín sigue siendo uno de los hombres fuertes del poder económico en Salta y aún es propietario del exclusivo hotel Alejandro I.

El Cels es uno de los organismos que participa más activamente en las querellas y en la investigación de la responsabilidad civil. Desde el organismo señalan que, aunque en los últimos años se abrieron numerosas causas que indagan sobre el rol empresarial, “la reticencia del poder judicial para avanzar en las causas es notable”. En gran parte, se explica por la permeabilidad judicial a la presión de los poderes económicos.

Esa actitud comenzó a notarse en los primeros meses de 2015, cuando el juez subrogante Claudio David Pontet dictó la falta de mérito del empresario Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia en la causa que investiga el asesinato de dos obreros gráficos, y los aportes efectuados por aquel medio al ocultamiento de los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.

Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, del Ingenio azucarero Ledesma, también fueron beneficiados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa que investiga el aporte de camionetas propiedad de la empresa utilizadas para secuestros. Además, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que los directivos de los diarios Clarín Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto y La Nación Bartolomé Mitre, por ahora no deberán prestar declaración indagatoria en la causa Papel Prensa.

*Waldo Cebrero es egresado de la Escuela de Ciencias de la Información. Integró la redacción de Infojus Noticias, El Argentino, Día a Día y el periódico Será Justicia. Escribió en Página 12, Tiempo Argentino, Revista Anfibia, Cosecha Roja, entre otros medios.